Ley de Educación, otro traspíe

Un serio traspié sufrió ayer el acuerdo político sobre reforma educacional después de que el Gobierno presentara dos indicaciones al proyecto de Ley General de Educación sin consultarlas con la Alianza.

La acción del Ejecutivo llevó a la oposición a denunciar que las confianzas se habían roto y que quedaba en duda la sobrevivencia de la LGE tal cual como fue pactada.

La situación se produjo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde debía votarse ayer martes la iniciativa legal junto con más de 150 indicaciones presentadas por parlamentarios de la Concertación que, a juicio del bloque opositor, se apartaban claramente del acuerdo.

Para conjurar esa oleada de indicaciones, el ministro José Antonio Viera-Gallo accedió a retirar la suma urgencia al proyecto y presentó a nombre del Gobierno dos indicaciones que recogen algunas de las principales aspiraciones de los partidos y parlamentarios oficialistas: una definición de la educación pública y el acortamiento de cuatro a un año del plazo para que los sostenedores se ciñeran a las exigencias de la nueva ley en términos de llegar a un giro único.

Dicha presentación hizo que los diputados concertacionistas retiraran sus indicaciones, pero con la expectativa de renovarlas en la Sala de la Cámara -trámite que se hace viable gracias al retiro de la urgencia- cuando se vote en general la LGE.

Sin embargo, la operación del Gobierno sorprendió a los parlamentarios de la Alianza. La diputada Marcela Cubillos (UDI) le reprochó directamente al ministro Viera-Gallo que el Gobierno incumplió flagrantemente sus promesas de mantener la urgencia y no aceptar indicaciones que no fueran previamente consensuadas con las bancadas opositoras.

En ese marco los diputados de ambos bloques aprobaron por unanimidad en la Comisión de Hacienda los artículos de la LGE que estaban pactados en el acuerdo político y también la indicación del Ejecutivo que propone acortar los plazos para que los sostenedores cumplan las obligaciones de la ley.

Pero la segunda indicación patrocinada por el Ejecutivo -donde se plantea que el Estado financiará un sistema de educación pública, pluralista y gratuita, accesible a toda la población y que promueva la inclusión social- sólo se aprobó con los votos de la mayoría concertacionista, por siete votos contra seis, y además los diputados opositores la objetaron haciendo expresa reserva de constitucionalidad.

“Es grave para la fe pública, la ética política y los compromisos que ha asumido la Presidenta, que hoy su gobierno no cumpla su palabra”.